Ahora que el Congreso de los Diputados ha decidido continuar con la tramitación de la ley de regulación de la eutanasia, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española –de la que forma parte el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro– ha publicado una reflexión en la que recuerda que «la vida humana no es un bien a disposición de nadie» y subraya que «no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables». Por su interés, reproducimos el texto íntegro.

Reflexión a propósito de la tramitación de la ley sobre la eutanasia

El Congreso de los Diputados ha decidido seguir adelante con la tramitación de la ley orgánica de regulación de la eutanasia. Es una mala noticia, pues la vida humana no es un bien a disposición de nadie.

La Conferencia Episcopal Española ha reflexionado repetidas veces sobre este grave asunto que pone en cuestión la dignidad de la vida humana. El último texto fue publicado el pasado 1 de noviembre de 2019 bajo el título Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida humana y en él se examinan los argumentos de quienes desean favorecer la eutanasia y el suicidio asistido, poniendo en evidencia su inconsistencia al partir de premisas ideológicas más que de la realidad de los enfermos en situación terminal. Invitamos encarecidamente a la comunidad cristiana a su lectura y al resto de nuestros conciudadanos a acoger sin prejuicios las reflexiones que en este texto se proponen.

Insistir en el derecho eutanasia es propio de una visión individualista y reduccionista del ser humano y de una libertad desvinculada de la responsabilidad. Se afirma una radical autonomía individual y, al mismo tiempo, se reclama una intervención «compasiva» de la sociedad a través de la medicina, originándose una incoherencia antropológica. Por un lado, se niega la dimensión social del ser humano, diciendo «mi vida es mía y solo mía y me la puedo quitar» y, por otro lado, se pide que sea otro –la sociedad organizada– quien legitime la decisión o la sustituya y elimine el sufrimiento o el sinsentido, eliminando la vida.

La epidemia que seguimos padeciendo nos ha hecho caer en la cuenta de que somos responsables unos de otros y ha relativizado las propuestas de autonomía individualista. La muerte en soledad de tantos enfermos y la situación de las personas mayores nos interpelan. Todos hemos elogiado a la profesión médica que, desde el juramento hipocrático hasta hoy, se compromete en el cuidado y defensa de la vida humana. La sociedad española ha aplaudido su dedicación y ha pedido un apoyo mayor a nuestro sistema de salud para intensificar los cuidados y no dejar a nadie atrás.

El suicidio, creciente entre nosotros, también reclama una reflexión y prácticas sociales y sanitarias de prevención y cuidado oportuno. La legalización de formas de suicidio asistido no ayudará a la hora de insistir a quienes están tentados por el suicidio que la muerte no es la salida adecuada. La ley, que tiene una función de propuesta general de criterios éticos, no puede proponer la muerte como solución a los problemas. Lo propio de la medicina es curar, pero también cuidar, aliviar y consolar sobre todo al final de esta vida. La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos, pues, por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas. La fragilidad que estamos experimentando durante este tiempo constituye una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la vida, el cuidado fraterno y el sentido del sufrimiento y de la muerte.

Una sociedad no puede pensar en la eliminación total del sufrimiento y, cuando no lo consigue, proponer salir del escenario de la vida; por el contrario, ha de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento. No se entiende la propuesta de una ley para poner en manos de otros, especialmente de los médicos, el poder quitar la vida de los enfermos.

El sí a la dignidad de la persona, más aún en sus momentos de mayor indefensión y fragilidad, nos obliga a oponernos a esta esta ley que, en nombre de una presunta muerte digna, niega en su raíz la dignidad de toda vida humana.