Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos (19 de junio), Manos Unidas ha elaborado un vídeo a partir de los testimonios de Raquel Reynoso, presidenta de la Asociación SER, socio local de Manos Unidas en Perú, y Dionisia Calderón, una de las miles de mujeres que sufrieron distintas formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno peruano.
Este conflicto, que enfrentó entre 1980 y 2000 al Estado peruano y al grupo terrorista Sendero Luminoso, causó la muerte de casi 70 mil personas, así como innumerables violaciones y otras formas de violencia sexual, desplazamientos de campesinos y la destrucción del tejido social y económico. En este contexto, se estima que entre 1996 a 2000 el Estado peruano esterilizó a más de 270.000 mujeres; en miles de casos sin consentimiento o a través de engaños, amenazas y sobornos.
En la actualidad, las medidas puestas en marcha por el Estado peruano para registrar a las mujeres afectadas y facilitar su acceso a la justicia y la reparación, resultan insuficientes según diversas organizaciones de la sociedad civil.
Durante muchos años, la violencia sexual fue ejecutada, normalizada y tolerada por los distintos actores armados del conflicto, tanto integrantes de los grupos subversivos como agentes del Estado. Los crímenes sexuales —principalmente violaciones, embarazos forzados y abortos forzados—, eran vistos como una falta menor o un daño colateral del conflicto y no como una vulneración a los derechos humanos fundamentales de las mujeres.
Dionisia Calderón, beneficiaria de uno de los proyectos apoyados por Manos Unidas y ejecutados por la Asociación SER, es una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto y de la esterilización forzada a consecuencia de la aplicación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.
Entre los proyectos puestos en marcha por la Asociación SER en la región de Ayacucho, se encuentran aquellos destinados al fortalecimiento y articulación de organizaciones de mujeres para que puedan defender sus derechos y acceder a la justicia, actividades de generación de ingresos para las mujeres y sus familias, iniciativas de fomento de la participación de las mujeres en el ámbito político y público y programas de formación en liderazgo y capacidades productivas para que logren su autonomía económica.
Ayacucho ocupa uno de los primeros lugares en los índices de violencia ejercida contra las mujeres y es el cuarto departamento más pobre de Perú. Se estima que un 62,5% de las mujeres en edad fértil han sufrido alguna vez violencia física, un 63% violencia psicológica y un 34,8% violencia sexual.