Los obispos venezolanos tras la Asamblea plenaria hacían pública una exhortación en la que volvían a centrarse en la realidad del país, «marcada por el sufrimiento y el dolor de las mayorías».
«Reiteradamente hemos descrito la compleja y dramática situación política, económica y social que vive Venezuela, y que tiende a agravarse cada día», explicaban y, basándose en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (4 de julio de 2019), ponían en evidencia, citándolo literalmente, lo que ya ha denunciado la Iglesia venezolana en numerosas ocasiones, que «existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela»; que se han adoptado «leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial»; que «todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos»; que «miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han perdido la vida en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años»; que «los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos».
Denuncian que existen «abundantes casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos por parte de organismos del Estado». Y añadían además, a todo lo antes citado a partir del Informe de la ONU, «el éxodo de más de un 12% de la población venezolana, impulsado por la situación política, el empobrecimiento de la clase media y el menosprecio de los pobres. Una generación de niños y niñas no han visto a sus padres durante meses. Si la situación económica y social continua en franco deterioro, el país puede perder en los próximos meses parte importante de su población».
En esta crisis, señalan, «van ganando terreno el deterioro moral de la sociedad con sus secuelas de violencia, mentira, corrupción e irresponsabilidad, y la desesperanza y el miedo de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los habitantes del país rechaza esta situación porque se encuentra en abierta contradicción con los tradicionales valores cívicos, culturales y religiosos que han caracterizado a nuestro pueblo. Los venezolanos seguimos apostando por una convivencia ciudadana plural, pacífica, en justicia, libertad y solidaridad, como lo establece la Constitución».
La Iglesia en Venezuela ha apostado y apuesta por la defensa de la dignidad de la persona humana y el bien común: «los regímenes políticos, ideologías, organizaciones o instituciones deben estar al servicio de estos principios fundamentales. Esto exige una decidida promoción y defensa de los derechos humanos, y una permanente denuncia de los abusos y violaciones de esos derechos».
«Como afirmamos el pasado mes de enero, ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la República».
Ante la «emergencia humanitaria» en la que el sistema económico y político vigente ha sumido a toda la población, «es urgente que se permita la entrada masiva y distribución de la ayuda de alimentos y medicinas, con participación y supervisión internacional»”. La Iglesia católica, «a través de sus instituciones, y particularmente las Caritas parroquiales, diocesanas y nacional, renueva su compromiso de participar, junto a otras organizaciones, en la recepción y distribución de esta ayuda humanitaria».
Los obispos terminan su exhortación agradeciendo «también el apoyo que nos brindan el Papa Francisco, así como la Iglesia y los gobiernos de otros países, y, especialmente de nuestros vecinos, para que podamos continuar llevando adelante esta obra evangelizadora, y por la atención que brindan a los venezolanos que han emigrado».