Este lunes por la tarde grupos violentos vinculados al régimen de Daniel Ortega entraron a la fuerza y tomaron el control de la catedral metropolitana de Managua, donde 12 madres de presos políticos habían iniciado una huelga de hambre contra el régimen. La archidiócesis de Managua lo ha denunciado en un comunicado: en el momento de la redada, un sacerdote, el padre Rodolfo López y una religiosa, la hermana Arelys Guzmán, resultaron levemente heridos y trataron de obstruir la acción de los violentos, pero tuvieron que abandonar la iglesia para evitar lo peor. En los últimos días, cinco madres de presos políticos de la ciudad de Masaya comenzaron una huelga de hambre.
«Personas de este mismo grupo», explica la nota, «rompieron con fuerza los candados del campanario y otros candado del templo profanando de esta manera nuestra Catedral Metropolitana. Condenamos estos hechos de profanación, asedio e intimidación que no abonan a la paz y a la estabilidad del país».
La archidiócesis pide «al presidente de la República, Daniel Ortega, y al vicepresidente que tome acciones inmediatas para que se respeten nuestros templos católicos, así mismo a la Policía Nacional que retire sus tropas que ase asedian e intimidan la Catedral y nuestras parroquias».
La nota concluye: «Exhortamos a todo nuestro pueblo a intensificar los momentos de oración frente a Jesús Sacramentado y el rezo del santo rosario, pidiendo por la paz en nuestro país. Nuestra fuerza es la Oración».
Este grave ataque ocurrido en Managua se suma a otros que están teniendo lugar en el país y, en especial, al asedio de la iglesia de San Miguel, en Masaya, donde las madres de los presos políticos están literalmente asediadas, junto al párroco, el padre Edwing Román, en los locales parroquiales, donde han pasado las últimas noches. Las madres han estado en huelga de hambre durante cinco días y dos de ellas se encuentran en condiciones de salud precarias, al igual que el sacerdote.
Ya en septiembre la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL) denunciaba que «en Nicaragua, la represión por parte de agentes del régimen de Ortega- Murillo no ha cesado ni un solo día desde el 18 de abril de 2018. Ninguno de los excarcelados en 2019 ha sido verdaderamente liberado - tal como fue el compromiso firmado- porque sus expedientes siguen abiertos. Y se les asedia y acosa permanentemente en sus casas y en sus comunidades». Los provinciales jesuitas señalaron que las protestas «se han reducido drásticamente gracias al régimen del terror y el miedo instalado por los despliegues policiales desproporcionados ante el anuncio de cualquier movilización». El allanamiento de hogares es práctica recurrente por parte de las fuerzas policiales o por paramilitares. Las víctimas son habitualmente golpeadas, amenazadas, y les roban sus pertenencias. El objetivo es intimidarlas a ellas y a sus familias. El control social es estricto y el espionaje se ha institucionalizado.