La Comisión Diocesana de Justicia y Paz ha hecho público este martes, 1 de septiembre, el documento Los derechos humanos que el COVID nos hizo olvidar: mayores y residencias. En él lamenta que en los momentos de mayor incidencia del coronavirus se llevara a cabo una clasificación de enfermos en función de la «utilidad social» de la persona que afectó especialmente a las de edad avanzada, y fundamentalmente a aquellas que vivían en residencias.
Enfermos que, según destaca el informe, fueron desatendidos no solo por las administraciones estatal y autonómicas, sino por el propio sistema de salud, siguiendo instrucciones de un documento del Ministerio de Sanidad fechado el 5 de marzo. Junto a este escrito, se hace referencia al protocolo elaborado por la Comunidad de Madrid, uno de cuyos anexos evidencia «de forma explícita que en los momentos más difíciles hubo descarte».
Todo ello lleva a la comisión a preguntarse cuáles fueron los criterios para elegir a los enfermos que se derivaban a los hospitales en una «situación de catástrofe» y colapso sanitario. «No sabían actuar [las residencias] ante una situación de emergencia como la que estaban viviendo porque nadie las había preparado para ello ni tenían los medios precisos», señala el documento.
En los momentos más duros de la pandemia, los centros geriátricos se convirtieron en «auténticos guetos» en los que muchos ancianos fallecieron en situación de aislamiento, «médicamente desatendidos por criterio exclusivo de edad, inhumanamente alejados de sus seres queridos y privados en muchos casos del conforto de los auxilios espirituales».
Llega el momento de la acción
«Es momento de duelo y oración por los que se han ido y por los que continúan enfermos, también por sus familiares, pero eso no basta si no somos capaces de reconocer que como sociedad no se ha actuado con sensibilidad hacia los más débiles y se toman las medidas adecuadas», señala Justicia y Paz.
Para que una situación como la vivida no se repita «nuestra sociedad debe tomar conciencia de lo que significa la dignidad humana en todas las etapas de la vida y condiciones de salud o de enfermedad». Se deben reconocer asimismo los derechos de los mayores, y para ello es «esencial darles voz, conocer cómo quieren que sean los últimos años de sus vidas».
Se impone por tanto la necesidad de un cambio que ha de estar centrado en la persona, eliminando el modelo de una sociedad utilitarista «en la que la persona solo vale si es rentable desde el punto de vista de la producción de ciertos bienes, mayoritariamente materiales».
También habrá que conseguir un nuevo modelo de residencias «que reconozca la situación de vulnerabilidad de los residentes, con una mayor atención sanitaria y formación de sus cuidadores, mejores instalaciones que impidan el hacinamiento y, para ello, es preciso que el Estado dé una mayor dotación presupuestaria a la Ley de Dependencia». Las administración deberán igualmente supervisar que la iniciativa privada no sea un «nicho de lucro» y se asegure la «calidad asistencial y el buen trato que merecen nuestros mayores».
Memoria agradecida
La Comisión Diocesana de Justicia y Paz fue fundada por el cardenal Tarancón con la tarea, entre otras, de asesorar al obispo en temas de justicia, paz y derechos humanos. Actualmente está integrada en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación.
A juicio del actual arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, el documento Los derechos humanos que el COVID nos hizo olvidar: mayores y residencias «constituye un ejercicio de memoria agradecida hacia nuestros mayores que murieron en condiciones extremadamente duras y, sobre todo, en la línea de nuestro Papa Francisco, nos invita a cuestionarnos la forma que tenemos de abordar la ancianidad, con frecuencia muy alejada del Evangelio y de la dignidad, el agradecimiento y el calor de familia que les debemos».