Memoria democrática ¿y reconciliación?

La semana pasada, con la factura de la luz en máximos e incertidumbres persistentes por la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Según explicó Félix Bolaños, con él se pretende la «salvaguarda y difusión» de «los valores democráticos» y el reconocimiento de las víctimas «del golpe de Estado de julio de 1936 y de la dictadura». Así, entre las medidas figuran la localización de víctimas y la investigación de violaciones de derechos humanos; la inclusión de la memoria democrática en los planes educativos; el establecimiento de días para las víctimas y los exiliados, o cambios en el Valle de los Caídos.

Aparte de la discutible oportunidad, da la sensación de que el proyecto busca imponer un relato oficial de parte más que curar heridas y cerrar disputas entre españoles. Por ejemplo, en espera de conocer «en detalle» los planes para el Valle de los Caídos, parece que se identifica la presencia de la Iglesia y de los benedictinos con un bando cuando su única preocupación ha sido rezar «por la reconciliación y por todas las víctimas», como recordó el cardenal Osoro en Twitter. También es inevitable preguntarse ¿dónde quedan las víctimas de la persecución religiosa de los años 30 y los excesos republicanos? o ¿qué valor damos a la Transición?

En la misma línea, sorprende el anuncio del Ejecutivo pocos días después de su intención de aprobar una ley «que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública-ética privada y el pluralismo religioso y filosófico» y, de paso, denunciar los Acuerdos Iglesia-Estado. Sorprende –o quizá no tanto– porque España es hoy un Estado aconfesional, en el que el hecho religioso no queda relegado al ámbito privado, y en el que las relaciones de colaboración con las distintas confesiones –no solo la católica– han dado y dan grandes frutos. ¿Por qué este empeño por desandar lo andado?