«Sin colegios mayores, habrá residencias de fondos de inversión» - Alfa y Omega

«Sin colegios mayores, habrá residencias de fondos de inversión»

La ley de universidades quiere obligar a estas instituciones a ser mixtas para estar adscritas a una universidad pública. «Es un ataque a la libertad educativa», afirma la directora del Colegio Mayor Roncalli, en Madrid

Fran Otero
El ministro de Universidades, Joan Subirats, el pasado 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados. Foto: Congreso de los Diputados.

En nuestro país hay 120 colegios mayores que dan cobijo, acompañamiento y formación a 17.000 universitarios cada año. Los hay públicos y privados, mixtos y diferenciados, en suelo de la universidad o fuera, habitualmente con muchos más alumnos de la universidad pública y, todos, con una importante actividad cultural y deportiva. Los católicos tienen, además, oferta pastoral. Integrados en el Consejo de Colegios Mayores Universitarios, han trabajado en los últimos tiempos para que la labor de esta institución sea reconocida en el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, aprobada en el Congreso y que pronto comienza su tramitación en el Senado.

Lo consiguieron, pues la disposición adicional séptima de la iniciativa recoge que los colegios mayores «son centros que, integrados en la universidad, proporcionan residencia al estudiantado universitario y promueven actividades culturales y científicas de divulgación que fortalecen la formación integral de sus colegiales». Además, refiere que los colegios mayores solo podrán ser gestionados y promovidos por entidades sin ánimo de lucro, una petición del sector, y dictamina que las universidades establecerán las normas de creación y adscripción. Añade que gozarán de las exenciones fiscales de la universidad.

Lo que no esperaban las entidades titulares de estos centros —entre ellas congregaciones religiosas y organizaciones como el Opus Dei— es que, a última hora, se añadiese una enmienda propuesta por Íñigo Errejón, de Más País, para prohibir que los que no sean mixtos puedan formar parte de una universidad pública. El supuesto objetivo: evitar que sucedan hechos como los del mediático Elías Ahúja. Para algunos esta decisión apenas tendrá consecuencias, pues pasarán a universidades privadas. Sin embargo, la situación es más problemática si los colegios se encuentran en terreno de la universidad, como sucede a varios en Madrid.

Claves

• Fortalece el compromiso presupuestario del conjunto de administraciones para la mejora de la financiación del sistema.

• Los precios públicos de las matrículas solo podrán contenerse o reducirse progresivamente.

• Se amplía el acceso al cargo de rector o rectora al profesorado permanente doctor a tiempo completo que cuente con una alta capacidad investigadora, acreditada docencia y gestión.

• Se busca eliminar la precariedad con más financiación. Se reducirán los contratos temporales.

• Se establece para los estudiantes un derecho a hacer paros.

Uno de ellos es el Colegio Mayor Roncalli, fundado hace casi seis décadas por un grupo de mujeres de congregaciones marianas para chicas hispanoamericanas que venían a estudiar a Madrid. Ahora está en peligro. «Con esta ley se va a generar una uniformidad asfixiante. Llevamos 60 años de colegio mayor femenino para apoyar a la mujer, para facilitar su etapa universitaria. Y ahora se pretende hacer desaparecer nuestro modelo de éxito de un plumazo», explica a Alfa y Omega María Ángeles Martín Rodríguez-Ovelleiro, su directora. En su opinión, se impone el modelo mixto con la premisa de que la convivencia entre chicos y chicas va a mejorar. Un argumento, continúa, que confirma «la imposición populista y la ignorancia sobre lo que es educar» y que constituye «un atentado a la inteligencia y la libertad».

Reconoce que el ataque viene de atrás y que es ideológico. Comenzó con la retirada del rango institucional de los colegios mayores y más tarde con la imposición de un canon por estar en suelo de la universidad. «Lo superficial y anecdótico es pensar solo en la obligatoriedad de hacernos mixtos, pero el debate fundamental es el ataque y el recorte a la libertad educativa de esta ley».

Gabriel Beltrán, director del Colegio Mayor Alcalá, de los claretianos, y hasta hace poco presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, afirma a Alfa y Omega que esta ley limita la libertad de elección: «Si hay colegios mayores de educación diferenciada es porque la sociedad los demanda. Están llenos». Defiende su labor educativa, pues tienen personas dedicadas al acompañamiento y la formación 24 horas al día, que se preocupan si los chicos o chicas tienen problemas, que acoge a profesores o a un refugiado ucraniano —y costea los gastos— si la universidad se lo pide. La alternativa son residencias de fondos de inversión con gerentes en vez de educadores. Ya hay algún caso, como el del Santa María del Estudiante. «Echó [el fondo] abajo el salón de actos, donde se hacía teatro, concursos de debate… y lo convirtió en habitaciones. El objetivo es maximizar el beneficio. Sin colegios mayores, habrá residencias de fondos de inversión», sentencia.

Ricardo Calleja, del Colegio Mayor Moncloa, gestionado por el Opus Dei, añade que hablar de segregación denota desconocimiento, pues «los colegios mayores no son lugares cerrados». «Chicos y chicas van juntos a clase en la universidad y las actividades que organizan son mixtas. Lo que no comparten es la zona residencial: los baños, las habitaciones, los pasillos…», añade, al tiempo que afirma que con esta ley desaparecerán «los espacios seguros para las mujeres».