El Informe FOESSA sobre desarrollo y exclusión social en la Comunidad de Madrid recoge que, a pesar de algunas «buenas noticias» en materia económica y del aumento de las personas en integración social plena (50,1 %), con una reducción de un 25 % de las personas en exclusión desde 2013, en la región todavía «tenemos un millón de personas en el espacio de la exclusión social y, la mitad de ellas, en exclusión severa».
Así lo ha detallado este martes, 22 de octubre, en la sede de Cáritas Diocesana de Madrid, el coordinador del estudio, Guillermo Fernández, que ha alertado de que muchas de estas personas se ven en esta situación por una «acumulación de problemas» y al final es «muy difícil sacarlas del pozo». Esto, ha advertido, produce una «crisis de representación política» que lleva al «retorno de las emociones» y que, a su vez, produce «el aumento de los –ismos: nacionalismos, machismos y particularismos».
Lamentando que «la palabra comunidad es una palabra en recesión» en Madrid y que el 45,2 % de las personas que necesitan cuidados no los reciben, Fernández ha subrayado que los principales factores de riesgo son el empleo, la participación política y, principalmente, la vivienda, que «ha sustituido al empleo como motor elemental de la desigualdad y ya es la primera causa generadora de exclusión». Por ello, según ha destacado, sería un buen punto de partida adoptar medidas políticas en este ámbito.
En esta línea, el arzobispo de Madrid ha pedido a los presentes que no seamos «hilos sueltos», sino que hagamos un «tejido de relaciones», y ha explicado que «no nos corresponde como Iglesia señalar el rumbo político de nuestra sociedad, pero sí debemos compartir esta cartografía de la exclusión repleta de retos […] y pedir que todos juntos hagamos a la persona el centro de todas las actuaciones».
Detrás de los datos, ha aseverado el purpurado, hay personas a las que habría que preguntar, como Jesús a Bartimeo: «¿Qué quieres que haga por ti?».
Presencia de representantes políticos
Aparte del director de Cáritas Diocesana de Madrid, Luis Hernández Vozmediano, y de representantes de las Cáritas diocesanas de Getafe y Alcalá y de otras entidades sociales, escuchando atentamente este «riguroso» y extenso estudio en las primeras filas se encontraban el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte, así como otros dirigentes políticos.
Aniorte ha reconocido que «ese millón de personas en situación de exclusión nos indican el camino por el que tenemos que trabajar», desde el convencimiento de que «una sociedad necesita estar cohesionada y la desigualdad corroe a las sociedades». Y así, ha abogado por reforzar los servicios sociales, repensar la renta mínima de inserción o innovar en las políticas sociales para que sean más efectivas.
Asimismo, Gregorio Rodríguez Cabrero, de la Universidad de Alcalá, ha recordado que las políticas sociales «están dirigidas a conformar y reforzar los derechos sociales, como parte esencial de los derechos humanos» y que esto se debe concretar en «garantizar que todo ciudadano tenga un mínimo», que pueda utilizar «los servicios públicos esenciales» y que «pueda acceder al mercado de trabajo». Ahí ha reivindicado no solo el papel del Estado o el mercado de trabajo, sino también de los hogares y de la sociedad civil.
Para más detalle del informe, se puede consultar esta información de Alfa y Omega.