Según datos del Ministerio de Sanidad de 2024, se registraron en España 106.173 abortos, unos 3.000 más que en 2023. Solo el 21% se hicieron en centros públicos, lo que muestra el peso del sector privado en esta actividad.

Consideramos que el aborto es siempre una tragedia. Supone una situación indeseable para la mujer y la eliminación del curso de una vida humana distinta de ella. Existen, sin duda, razones dramáticas que explican que algunas mujeres no deseen continuar su embarazo; sin embargo, preocupa la progresiva normalización de algo que debiera considerarse excepcional. También inquieta la anestesia social ante un acto invasivo y cruento sobre el cuerpo de la mujer, que alberga una vida humana en desarrollo. Se olvida con frecuencia que la vida es un don inviolable.

Descarga aquí el Manifiesto ante la propuesta de reforma constitucional para incluir el derecho al aborto

El proyecto de reforma constitucional anunciado por el Gobierno plantea el aborto no como un mal o un mal menor, sino, en un ejercicio de malabarismo moral, como un bien digno de tutela constitucional.

Nos parece relevante señalar tres cuestiones fundamentales:

• La ausencia de estudios suficientes sobre las razones que llevan a algunas mujeres a acudir al aborto con el fin de tratar de revertirlas. Como acto agresivo sobre la vida y sobre el cuerpo de la mujer, la prioridad debería ser eliminar sus causas. Conviene insistir en la alteridad presente en el aborto -la existencia de otro ser humano-, y en la necesidad de ayudar removiendo las causas sociales, culturales, económicas que llevan a muchas mujeres a renunciar a continuar su embarazo y a proyectar un futuro con una nueva vida humana.
• El peligro de mercantilización del cuerpo de la mujer desde una perspectiva propietarista y el riesgo de consolidar una industria del aborto concebida como negocio.
• El fraude procedimental que supone tramitar esta cuestión mediante la reforma del art. 43 de la Constitución (Cap. III del Título I, principios rectores y deberes prestacionales) y no a través de la modificación del art. 15 (Cap. II del Título I, derechos fundamentales y derecho a la vida). De este modo se elude la deliberación y el debate parlamentario propios de una democracia de alta intensidad, así como las mayorías cualificadas exigidas por la propia Constitución.

Por ello, como Delegación episcopal de Familia y Vida, nos unimos a la nota de los Obispos de la Subcomisión de la Conferencia episcopal y deseamos subrayar algunas consideraciones:

• Nuestra palabra es positiva y constructiva: creemos en el profundo valor de toda vida humana, portadora de una dignidad infinita.
• No existe gradualidad en el valor moral de la vida humana. La realidad del ser humano a través de toda su existencias, antes y después del nacimiento, no permite atribuirle cambios de naturaleza ni una gradación de valor moral. El embrión humano posee desde el inicio la dignidad propia de la persona y su valor no depende del proyecto familiar, la condición social, la formación cultural ni el grado de desarrollo físico.
• Los cristianos no deseamos criminalizar el aborto. La ley humana puede renunciar al castigo, pero no puede declarar bueno y elevar a derecho lo que constituye un mal, aunque entre en conflicto con otras realidades. Deseamos defender la vida y la dignidad de la mujer y también la del embrión y feto humanos, buscando caminos de mejora y humanización Nuestro camino no es el de la confrontación sino el del diálogo.
• En una sociedad plural reconocemos la dificultad de un coloquio profundo y sosegado sobre estos temas, que tenga en cuenta la evidencia científica y los dramas concretos que viven muchas mujeres. Los cristianos no podemos dejar de sostener nuestras convicciones y valores, especialmente cuando consideramos que nuestra posición es sostenible desde la ética civil mínima. Apostamos por la tolerancia y el diálogo, pero también prevenimos contra el riesgo del relativismo moral.
• El aborto no puede convertirse en un derecho -menos aún en un derecho fundamental- sin violentar el propio concepto de derecho, que se orienta a la satisfacción de necesidades y no a suprimirlas. Tampoco es un acto banal. Los derechos se vinculan siempre a bienes que favorecen el crecimiento y el desarrollo de la vida humana. No cabe desarrollo y promoción dignos cuando se ningunea la consideración de otra vida humana, aunque sea intrauterina.

CONCLUSIÓN

Apostamos por la “alianza social para la esperanza” a la que nos invitan los obispos. Todas aquellas reformas legales que hagan más vulnerable la vida naciente presentan una grave objeción ética y no debería apoyarse. No estamos contra nadie, sino a favor de cuidar y acoger toda vida. Nuestras convicciones nos llevan a proteger siempre la vida de los más frágiles y vulnerables en todas las etapas y circunstancias de su vida, integrando bioética y moral social, política y económica. La propuesta de reforma constitucional constituye, a nuestro juicio, un serio retroceso en esa dirección. Además, en el fondo y en el procedimiento, debilita los valores constitucionales y la calidad deliberativa de la democracia. La vida es un don inviolable que debe ser protegido siempre por las normas.