El próximo 30 de julio se conmemora el aniversario del Decreto de Prisión General contra los Gitanos, una medida redactada en 1749 por Zenón Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada, y Gaspar Vázquez de Tablada, arzobispo de Oviedo, miembros del Consejo de Castilla durante el reinado de Fernando VI. Con este motivo, la Pastoral Gitana de Madrid ha organizado una misa, a las 19:00 horas, en la Parroquia de San Francisco de Paula.
La Eucaristía será ofrecida por el eterno descanso de las personas gitanas fallecidas en aquel intento de genocidio de la llamada «Gran Redada» y por todas las que sufrieron injustamente a causa de esa medida. Se trata de honrar la memoria de las víctimas, pedir a Dios perdón por estos crímenes, promover la reconciliación y reafirmar el compromiso de la Iglesia con la justicia y la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes han sido históricamente marginadas.
La Pastoral Gitana de Madrid anima a los fieles y a la ciudadanía a unirse en oración y solidaridad, recordando que la memoria es camino de justicia, perdón y esperanza.
“La Gran Redada”
En la noche del 30 al 31 de julio de 1749 se puso en marcha una operación coordinada en todo el reino para encarcelar a todas las familias gitanas de España. Soldados y autoridades separaron a los hombres de las mujeres y a los niños de sus padres: los adultos fueron destinados a trabajos forzados en minas, arsenales y fábricas navales, mientras que los menores fueron entregados a familias de adopción o recluidos en instituciones para ser “reeducados”. La operación afectó a unas 9.000 personas, aunque algunas fuentes elevan la cifra hasta 12.000, lo que suponía más de las tres cuartas partes de la población gitana española de la época.
La prisión general se prolongó durante más de 16 años, ya que los últimos cautivos no fueron liberados hasta 1765 por orden del Rey Carlos III, al descubrir horrorizado la medida. Las condiciones de reclusión y trabajo forzado fueron extremadamente duras. Por ejemplo: en el arsenal de Ferrol, de 543 trasladados en 1749, tres años después sólo sobrevivían166. Se estima que centenares de personas fallecieron por enfermedades, malos tratos y agotamiento. La operación se financió principalmente mediante la confiscación y subasta de los bienes de las familias gitanas detenidas, que tenían domicilios estables e incluso pequeños negocios.